GARA, 29/10/02
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Editoriala
Denuncia que emplaza a Ibarretxe
Los detenidos en la última operación de la Ertzaintza en Bizkaia, tanto los encarcelados como los puestos en libertad, han coincidido en denunciar la práctica de torturas y amenazas durante el periodo que han permanecido incomunicados en dependencias de la Policía Autonómica. Estos ciudadanos, que en algunos casos presentaban evidente moratones, han relatado al juez haber sido golpeados, haber sufrido agresiones sexuales y vejaciones y haber sido amenazados con la detención de sus familiares mientras se les hacían escuchar gritos de sufrimiento provenientes de dependencia anejas a las que ocupaban. Además, han hecho constar el inquietante dato de que mientras estuvieron detenidos sufrieron alucinaciones, achacándolas a la posibilidad de que se les hubiera administrado alguna droga. No es la primera vez que recae sobre la Ertzaintza la acusación de haber utilizado estas sustancias.
La denuncia de estos ciudadanos vascos interpela directamente al lehendakari y a los partidos que conforman su gobierno. En más de una ocasión hemos visto cómo miembros del tripartito exponían públicamente su convicción de que la Guardia Civil y la Policía española utilizaban la tortura durante el periodo de incomunicación de los detenidos. Sin embargo, estas mismas fuerzas se ha refugiado en generalidades cuando desde el Parlamento de Gasteiz se ha tratado de exigir que el Gobierno de Lakua pusiera en práctica las recomendaciones hechas por Amnistía Internacional u otros organismo para la prevención de la tortura. Mientras, por un lado, se denuncian los espacios opacos y de impunidad policial que propicia el periodo de incomunicación de los detenidos, por otro, la propia Ertzaintza los viene aplicando.
Uno de los moderadores que ha participado en la Conferencia de Elkarri denuncia hoy en este diario que no sólo ETA y el Gobierno español recurren a la violencia para la obtención de sus objetivos, sino que también el tripartito la emplea para lograr réditos políticos. Estas denuncias de torturas dan en el centro de la diana de esa acusación. Hoy no queremos oír de Lakua la respuesta cliché con la que el delegado español Enrique Villar respondió al parlamentario de EA Rafael Larreina. Es preciso un compromiso para investigar a fondo esta denuncia y para garantizar en el futuro la seguridad de los detenidos. El lehendakari, Juan José Ibarretxe, que acostumbra a presentarse como adalid de los derechos humanos mientras sermonea a los demás, tiene la palabra. -